Miércoles 12 de mayo del año 2004 Sucre - Bolivia

Otro pedido de aclaración
llegó a manos del Tribunal

Llegó el documento original; ahora la relatora de la sentencia, Martha Rojas, tiene cinco días hábiles para dar contestación a esa solicitud que se suma a la de los cuatro militares

Sucre / CORREO DEL SUR

Los fiscales del caso "Febrero Negro" se sumaron a las Fuerzas Armadas de la Nación al presentar ante el Tribunal Constitucional un nuevo pedido de aclaración, enmienda y complementación del contenido de la Sentencia 664/2004, que estableció que cuatro militares deben ser procesados en la justicia ordinaria.
El secretario General del Tribunal Constitucional, Humberto Gorena, confirmó ayer que son dos los pedidos en ese sentido respecto de la mencionada decisión del órgano con sede en Sucre.
La semana pasada se conoció que el Tribunal dispuso que los oficiales José Enrique Costas, Grover Monroy, Rafael Mendieta y Yamil Rocabado deberán someterse a las reglas de la justicia ordinaria, tras ser acusados por el Ministerio Público de haber cometido los delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas y daño calificado, luego de su participación en las acciones violentas de febrero del año pasado.
Estos cuatro militares están sindicados de disparar el 13 de febrero de 2003 con dirección al edificio San Francisco, en el centro de La Paz, donde murieron la enfermera Ana Colque y el conserje Ronald Collanqui, además de resultar herida la médica Carla Espinoza.
Ayer, en declaraciones a CORREO DEL SUR vía telefónica desde la ciudad de La Paz, el fiscal Milton Mendoza informó que están pidiendo al Tribunal Constitucional que aclare un error de "typeo" o de redacción relacionado con algunos artículos de la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial, además de que la sentencia sea más explícita en cuanto a la petición de la Fiscalía de anular los actos del Tribunal Permanente del Tribunal Militar, aspecto que no fue tomado en cuenta en la sentencia conocida el pasado viernes. Además, Mendoza aclaró que, en su pedido al Tribunal, no cuestionan el fondo del asunto.

LLEGÓ EL ORIGINAL
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional recibió ayer el original de una de las dos peticiones de aclaración, enmienda y complementación. Si bien no se informó de cuál se trata, el fiscal Mendoza reveló a este diario que ellos enviaron un fax a Sucre el último sábado a las 9:30 y que ayer, martes, remitieron el original vía courrier, por lo cual se puede inferir que ése sería el único registrado en el Tribunal dentro de este caso.
En el órgano constitucional solamente se esperaba la llegada del documento original para verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales; ahora, el memorial pasará a conocimiento de la magistrada relatora del fallo, Martha Rojas, quien deberá contestarlo en el plazo de cinco días hábiles.
Sin embargo, también existe la probabilidad que el pedido no sea admitido. Si así fuere, la Comisión de Admisión lo rechazaría mediante un Auto Constitucional.
Gorena explicó que se están siguiendo los trámites legales en la Comisión de Admisión, donde sus miembros verifican si evidentemente se ha interpuesto la solicitud dentro del plazo de 24 horas de haber sido notificadas las partes que establece el artículo 50 de la Ley 1836.
"Además, debe verificarse si quienes plantearon la solicitud son partes en el recurso; una vez que esto ocurra, recién se pasará a conocimiento del magistrado relator y, a partir de ese momento, computaremos cinco días hábiles para conocer su resolución", dijo.
El artículo 50 de la Ley 1836 establece que este órgano, de oficio o a petición de parte, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la resolución podrá aclarar, enmendar o complementar algún concepto obscuro, corregir un error material o subsanar alguna omisión sin afectar el fondo de la resolución".
Según las normas procedimientales vigentes en el órgano responsable de controlar la constitucionalidad en el país, el cómputo de los plazos se realiza a partir de la primera hora hábil del día siguiente de cualquier actuación procesal.